Actualmente en nuestro país se han registrado varios foros que tienen como intención el iniciar un dialogo que busque acuerdos en camino a legislar una Ley General de Seguridad Vial, por eso y cumpliendo con su objetivo de velar por el bienestar de los peatones, y unificando sus voces como organización, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) dio a conocer siete puntos que a su consideración son irreductibles para la aprobación y futura aplicación de una normativa efectiva en dicha materia. 

El organismo que cuenta con el respaldo de 24 estados y 5 municipios tiene como fundamento el fortalecimiento y generación de políticas públicas locales y federales que permitan avances técnicos, institucionales y financieros que se vean reflejados en mejor calidad del transporte y por ende de la seguridad vial en beneficio de la población, por tal motivo, Jorge Longoria, presidente de AMAM habló con respecto a las dos iniciativas que actualmente están en el Congreso de la Unión sobre este tema, y aseguró que aunque la primera propuesta fue presentada por la sociedad civil en colaboración con la senadora Patricia Mercado y la diputada Pilar Lozano; y la segunda fue promovida por el diputado federal de Morena, Javier Hidalgo, aún falta que el gobierno federal se sume al proceso de construcción de la ley.

Para AMAM es indispensable que como mínimo la próxima ley contemple la apertura de una “Agencia Nacional de Seguridad Vial”,pues es fundamental la creación de una institución autónoma o por lo menos que esté al nivel de un subsecretaría que permita establecer políticas y acciones concretas para la reducción de accidentes y facilite la articulación de los esfuerzos en los tres niveles de gobierno. 

De igual forma, se habla sobre la “concurrencia de atribuciones”, es decir, establecer claramente y respetar las atribuciones de los tres niveles de gobierno, facilitando así el respeto de las normativas, buscando la reducción de muertes y lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito. 

 Asimismo, AMAM detalla la importancia de establecer mecanismos financieros definidos que permitan la correcta asignación de recursos, para hacer viable el desarrollo e implementación de planes, programas y proyectos de seguridad vial; así como la creación de un Observatorio Nacional de Seguridad Vial que esté al pendiente de los avances y brinde información que ayude a la toma de decisiones en materia de política pública, para lo cual, ponen como opción a considerar,  la experiencia de la CONAPRA. 

El organismo comandado por Jorge Longoria, establece una serie de cambios en los criterios mínimos para la gestión de factores clave en la reducción de accidentes como la velocidad, el alcohol y diseño vial, e incluso, pone en consideración la homologación de algunos reglamentos de tránsito, así como la estandarización de registros vehiculares y licencias; y finalmente se habla sobre el incluir los criterios mínimos de seguridad vehicular (ligeros y pesados) bajo estándares internacionales como la OMS para ser derivados en las respectivas normas de dispositivos de seguridad vehicular en México.