El pasado 17 de octubre y tras el la alta incidencia de robos a unidades de autotransporte federal, el Senado de la República aprobó con 71 votos a favor y siete en contra, un dictamen que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para incluir el robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, en el catálogo de delitos de delincuencia organizada.

Los cambios normativos eran urgentes debido a incidencia y a las formas violentas con las que se cometían los agravios, así mismo, debido a las formas de organización y estructura, era necesario incrementar las penas marcadas por la ley, al verse comprometida la integridad de los usuarios, lo que sin duda generaría un impacto económicos negativo, ya que el autotransporte contribuye con el 3.2% del PIB y genera más de seis millones de empleos directos e indirectos.

Como fundamento, se presentaron datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en México, que muestran aumentos en el robo con violencia al pasar de 5 mil192 eventos durante 2015, a 9 mil 35 casos en 2017, lo que representó un crecimiento de 74 por ciento.

La propuesta realizada por los senadores Miguel Ángel Mancera y Verónica Martínez se modificó el dictamen para incluir al transporte ferroviario por lo cual la iniciativa fue mandada para su discusión.

El Senador Alejandro Peña Villa, comento que este delito es parte de la actuación del crimen organizado a lo largo del territorio nacional, precisó que en 2018 había un total de 12,206 robos registrados de autotransporte de carga, de los cuales 10, 371 fueron registrados con violencia, por lo que esta reforma a al ley dotará a las autoridades para hacerle frente a este delito.

El legislador Damián Zapeda se pronunció en contra de esta reforma, al calificarla de “contradictoria para los derechos humanos”, ya que se trata de una contra reforma al sistema de justicia penal y a la presunción de inocencia, por lo que pidió que antes de seguir adelante con el tema se busque primero la manera de fortalecer a la Fiscalía General, pues de otra forma únicamente se violarían los derechos de las personas. 

Finalmente, el Senador Martí Batres aseguró que los cambios normativos constituirán una herramienta disuasiva y operativa que ayudará a la disminución de la incidencia delictiva, protegiendo a la sector público y privado de la actual situación que vive el país.