El pasado 15 de abril, a través de una videoconferencia, las autoridades del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), en su calidad de secretaría técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), y con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), realizaron un análisis que ayuda a dimensionar el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector del transporte público colectivo, que continúa trabajando, cada vez a un ritmo más reducido y ante muchos retos, que comprometen su sostenibilidad financiera, y la seguridad laboral de los operadores. 

Los directivos de las organizaciones del sector, explicaron que los impactos económicos estimados fueron calculados a través de los datos aportados por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), gracias a la colaboración de 13 ciudades de la República Mexicana, quienes compartieron cifras detalladas del comportamiento, tamaño y características de sus sistemas de transporte público colectivo.

El transporte público colectivo es utilizado por 50 millones de personas al día, cifra que representa al 40% de la población, y otorga más de 160 mil empleos, representando una actividad económica fundamental, que constituye al 75% de la organización de todo el sector, sin embargo, es también uno de los eslabones más vulnerables ante la propagación del virus, pues aunque los gobiernos de las entidades que participaron del muestreo, explicaron las medidas de higienización, que diariamente impulsan para generar viajes con sana distancia, la protección del personal operativo sigue siendo inferior a lo que se requiere. 

Los transportistas ya han comenzado a identificar menor índice de ocupación por medio al contagio al interior de las unidades de uso público, se estima que un 38% de las personas que utilizaban de manera cotidiana este tipo de transporte, ha modificado su método de viaje incluso cuando este cambio cuesta hasta un 200% más. 

WRI México, AMAM y ANPACT, estiman al momento una reducción del 60 por ciento en la demanda, lo que se traduce en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio, por lo que los empresarios de este sector, han comenzado a ajustar días y horarios de servicio, con la intención de reducir los costos operativos, sin embargo, se estima que este tipo de ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio. Se prevé que, en los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, las pérdidas alcanzarán hasta el 40 por ciento del ingreso habitual en ese periodo, lo que representa una pérdida acumulada de 9 mil 800 mdp a nivel nacional; poniendo en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema.

La fragilidad del autotransporte pone en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados, e implicará un retroceso en los procesos de modernización de la flota vehicular, pues el 40% de las unidades que circulan en las ciudades evaluadas continúa sujeta al pago de créditos, por lo que la falta de liquidez condiciona el cumplimiento de sus obligaciones. 

El impacto económico, financiero y social de la emergencia puede ser incluso mayor si se considera la contribución del transporte público colectivo a la cadena de valor de la industria del sector, que va desde la fabricación y venta de autopartes, los servicios de mantenimiento, el comercio de vehículos y los servicios financieros para su adquisición, sólo por mencionar algunos.

Los especialistas del sector, emitieron una serie de recomendaciones, en las que se solicita a las autoridades reconocer al transporte público colectivo como un componente esencial para la superación nacional del impacto de la crisis sanitaria, así como sus dimensiones sociales y económicas; una intervención conjunta con el liderazgo del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales. 

Priorizar el diseño y la implementación de medidas que brinden seguridad laboral a las personas trabajadoras del sector, asignando fondos de emergencia entregados a través de mecanismos transparentes y eficientes, que aporten a la sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo. Trabajar en el diseño de esquemas de apoyo federal que contribuyan a la reactivación financiera, económica y social del transporte público, que consideren las necesidades del hombre-camión, y las pequeñas empresas. 

De igual forma, están previniendo la recuperación del sector, tomando en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas sino la inversión que reactive su transformación y mejora, por lo que buscarán establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de contingencias y otras emergencias.