El pasado 7 de julio, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, firmó un decreto que lo facultaba a tomar las instalaciones de la caseta de cobro de Playas de Tijuana, permitiendo a los automovilistas pasar sin pasar peaje. El mandatario aseguró que el tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito pasarían a la posesión del Gobierno Estatal, quien se encargaría de mantener y conservar dicho tramo. 

Asimismo, el mandatario llevó a cabo un acto público en el que simbolizó la liberación de la caseta, acompañado del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en donde, además de dar lectura al decreto, entregó “las llaves” al Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, pues según anunció, se convertirá en una “caseta de seguridad”, para inhibir hechos delictivos en la zona.

Sin embargo, a través de un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales (Capufe) aseguraron que, dicha caseta se ubica en un tramo federal, por lo que rechazaron la acción del mandatario, al considerarla ilegal.

A detalle, la dependencia dirigida por Javier Jiménez Espriú explica que la acción del gobernador es ilícita y atenta contra las leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas de la SCT para otorgar concesiones de las vías de comunicación. De igual forma, Capufe explicó que en caso de que el concesionario considerara que se le realizó un daño, se podrá ejercer una acción civil contra el gobernador para exigir una indeminización. 

Posteriormente, durante la madrugada del jueves 9 de julio, cerca de 160 elementos de las Fuerzas Armadas, liderados por la Guardia Nacional y miembros de la Secretaría de Marina, acudieron a la caseta de cobro y en operativo sin violencia para retirar al personal del gobierno estatal y la Fiscalía local, sin embargo, durante la mañana siguiente un grupo de ciudadanos inconformes atacaron a golpes a varios miembros de la GN al enterarse que se habían restablecido los cobros. 

A la mañana siguiente, el gobernador despotricó en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asegurando que por tratarse un cobro impuesto que se viene realizando desde 1967, fecha en la que se instauró el peaje con el objetivo de pagar la inversión de pagar dicha vialidad, la deuda adquirida ya fue saldada por lo que continuará la pelea en los tribunales. Asimismo, acusó a la Guardia Nacional de haber abusado de sus responsabilidades y autoridad durante el operativo. 

Es importante resaltar que no es la primera ocasión en la que el mandatario de Baja California sorprende por esta clase de acciones, ya que, en 2019 impulsó un proyecto de ley que, le permitía ampliar de dos a cinco años su gestión como gobernador.