jueves 23 septiembre, 2021

QUINTANA ROO PREPARA INICIATIVA CONTRA TRANSPORTE PÚBLICO PIRATA

El Congreso del Estado de Quintana Roo turnó a comisiones para su análisis una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad de la entidad con el objetivo de acabar con las lagunas legales que impiden la correcta aplicación de la Ley respecto a los operativos contra las denominadas unidades “pirata” de transporte público

La iniciativa que busca reforzar la presencia en los operativos fue presentada por la diputada Erika Castillo Acosta, presidenta de la Comisión de Movilidad y por el diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, y se busca reformar los incisos i) y m), adicionar el inciso n) de la fracción I, así como reformar el inciso g) y adicionar la fracción h) de la fracción II, todos del artículo 208 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

A detalle se explica que, la propuesta busca eliminar las lagunas existentes y la falta de aplicación de las normas referentes a la vigilancia y verificación de los prestadores del servicio, que han favorecido la concentración y la proliferación de prácticas de competencia desleal, particularmente de las unidades llamadas “piratas” en las modalidades servicio público de transporte de pasajeros y en el servicio público de transporte de carga. 

Durante la exposición de motivos, los diputados señalaron que, las autoridades competentes responsables no han procedido de manera firme y contundente con acciones drásticas de vigilancia y con sanciones que inhiban y acaben con estas malas prácticas, por lo que también buscan reforzar los operativos de supervisión, inspección y vigilancia al servicio público de transporte, integrando a las facultades en materia de movilidad a los ayuntamientos, a través de sus direcciones de policía preventiva municipal y tránsito, para que éstos puedan ordenar la no circulación de los vehículos que se detecten prestando el servicio público de transporte utilizando y/o explotando las vías carreteras del estado y percibiendo una remuneración económica por dicho servicio sin contar con una concesión otorgada por el estado.

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