viernes 17 septiembre, 2021

DIPUTADOS AVALAN HASTA 7 AÑOS DE CÁRCEL TOMA DE CASETAS Y BLOQUEOS

En sesión semipresencial, el pasado 15 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la iniciativa presentada por Víctor Manuel Pérez Díaz y Carlos Elhier Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, en conjunto a la diputada de Morena, Juanita Guerra Mena, en el que se reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, con el objetivo de sancionar hasta con siete años de prisión a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro.

“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpa el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, señala la reforma avalada.

A detalle, el diputado de Acción Nacional Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara Baja aseguró que la reforma no pretende criminalizar o cortar el derecho a la libre manifestación, sin embargo, si busca sentar un precedente que evite que las vialidades de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) sigan siendo atacadas y usuarios y trabajadores permanezcan vulnerables. 

Durante la exposición de motivos, el diputado Pérez Díaz informó que, desde 2019 y el 2020, se ha documentado la pérdida de 7,000 millones de pesos debido a la toma de casetas y el “boteo”; siendo Baja California, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, los estados más comprometidos. Por ello, y ante el incremento de los casos y la baja tasa de resolución de las denuncias, se consideró que las penas y sanciones vigentes no son suficientes para disminuir las cifras de dicho delito, pues estas “terminan en instancias de medios alternativos de solución de controversias, las cuales resultan en montos menores por concepto de reparación del daño”.

Aunque el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador ha dejado clara su postura sobre el interés y modus operandi de los involucrados, la diputada Irma Juan Carlos, adscrita al grupo parlamentario de Morena, se pronunció por considerar que el dictamen criminaliza la protesta de grupos indígenas; y, citando datos de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, explicó que, en 29 estados de la República hay 335 conflictos indígenas activos sin resolver, destacando aquellos en materia agraria, medio ambiente y proyectos carreteros, por lo que, al criminalizar su derecho a la libre manifestación, detienen la única forma de visibilizar sus problemas.  

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