En el marco del pleno de la Cámara de Senadores, se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. El nuevo ordenamiento fue avalado, en lo general, con 104 votos a favor y dos abstenciones. De este modo, la normativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su trámite legislativo.

Esta ley establece los mecanismos y acciones para la gestión de factores de riesgo que, permitan reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, así como para salvaguardar la vida e integridad física de las personas usuarias del sistema de movilidad, bajo un enfoque de sistemas seguros. Al tiempo que, da prioridad al desplazamiento de las personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad; y de bienes y mercancías, con base en una jerarquía de movilidad que disminuya los impactos negativos en materia económica, salud y medio ambiente, y reduzca las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales. 

Se pretende que, con esta normativa se establezcan las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, buscando un menor costo ambiental y social, una movilidad no motorizada, el uso de vehículos no contaminantes y la intermodalidad.

Durante la discusión del tema, Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, aseguró que han concebido esta ley como esfuerzo que busca fortalecer el desarrollo de ciudades más humanas de dejen atrás los viajes complicados y riesgosos, priorizando la seguridad de los peatones y las personas vulnerables.

En lo particular, la Asamblea aceptó una modificación al artículo 44, presentada por el senador Gilberto Herrera Ruiz, de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para que estados, municipios y demarcaciones territoriales provean de transporte público gratuito a niñas, niños y adolescentes, en las localidades rurales e insulares.

Además, la normativa contempla medidas mínimas para transitar en todo el país, entre ellas los límites de alcohol. De esta forma, la Ley obligará a todas las entidades federativas y municipios a “realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente, con el objetivo de evitar la conducción de cualquier tipo de vehículos bajo el efecto del alcohol”.

Durante la discusión, se destacó el uso de cinturón de seguridad para salvaguardar la vida de los pasajeros a bordo de los vehículos, así como el adecuado acatamiento de los límites de velocidad establecidos para cada tipo de vialidad y la expedición o retiro temporal de las licencias de manejo, ya que los conocimientos en materia de vialidad se acreditarán mediante un examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades.

Por su parte, el senador César Cravioto Romero, también de Morena, expresó que con este instrumento legal se buscan disminuir las muertes por accidentes viales por medio de la concientización, porque no hay mejor política pública que la prevención. “Estamos obligando a los gobiernos estatales para que hagan campañas informativas, para que quienes usamos vehículos seamos respetuosos de peatones y ciclistas”.

Al respecto, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, se pronunció a favor de la aprobación del nuevo ordenamiento a través de sus redes sociales, al asegurar que, con este resultado, se avanza, al reconocer los derechos de los peatones y ciclistas, abonando a la consolidación de una cultura de seguridad, hasta conseguir que las calles se conviertan en vías de convivencia, no de supervivencia. Como era de esperarse, las reacciones llegaron, y distintos funcionarios, organizaciones, y transportistas, se pronunciaron a favor de este avance. Tal fue el caso de Alejandra Leal, Coordinadora de la Coalición Movilidad Segura, un proyecto integrado por más de 70 organizaciones, especialistas, víctimas y familiares de víctimas de violencia vial, y que han estado pugnando porque esta ley se convierta en una realidad.