Con la intención de combatir los más de 23 asaltos que se reportan diariamente en el servicio de  transporte público del Estado de México, el diputado Omar Ortega Álvarez propuso reformas al Código Penal del Estado de México para equiparar este delito con el de privación de la libertad y sancionarlo hasta con 20 años de prisión.

En sesión deliberante, el legislador dijo que se busca precisar que comete el delito de privación de la libertad quien retenga a otra persona por el tiempo indispensable para cometer el delito de robo en las unidades de transporte público o privado de pasajeros, en sus diversas clases y modalidades, transporte de personal, de turismo o escolar.

En este sentido, las penas serían de 15 a 20 años de prisión en contra de quien cometa el delito de robo en transporte público o privado de pasajeros, en sus diferentes modalidades, cuando se considere la agravante de privación de la libertad. La iniciativa se remitió a dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

El diputado Román Francisco Cortés Lugo propuso reformas a diversos ordenamientos estatales a fin de agilizar las autorizaciones, licencias y permisos para la apertura de unidades económicas con base en la confianza y la buena fe.

Asimismo, se anunció que con la iniciativa que busca contribuir a la reactivación económica debido a las pérdidas ocasionadas por la pandemia de COVID-19, busca que se autorice de manera inmediata la apertura de unidades económicas de bajo y mediano impacto y su funcionamiento hasta por 180 días naturales, durante los cuales la autoridad deberá verificar la información proporcionada por el titular y determinar las autorizaciones, licencias, permisos o cualquier otro documento que deberá tramitar y obtener ante las diferentes instancias, para poder otorgar la licencia de funcionamiento.

Precisa que, en caso de que la persona solicitante no reciba la notificación de las autorizaciones, licencias, permisos o cualquier otro documento en el plazo de 180 días, se entenderá como afirmativa ficta y la autoridad deberá otorgarle la licencia de funcionamiento, mientras que las unidades económicas de mediano impacto podrán obtener licencia provisional inmediata o permiso de funcionamiento, después de ingresar su solicitud, mientras que las unidades de alto impacto deberán manifestar que cuentan con el sistema de seguridad a que hace referencia la ley.