La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han revelado detalles sobre una red de huachicol fiscal que operaba en la Aduana de Tampico, lo que ha llevado a la detención de 14 personas, incluidos ex funcionarios de alto rango y marinos.
El ex director de la Aduana de Tampico, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, ahora testigo protegido de la FGR, ha proporcionado información crucial sobre el funcionamiento de esta red. Según su testimonio, de abril de 2024 a enero de 2025, permitió el desembarque ilegal de 14 buques, lo que generó un total de 24 millones 500 mil pesos en sobornos.
De acuerdo con la declaración de Torres ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), él recibía un millón 750 mil pesos por cada buque, de los cuales solo entregaba 330 mil pesos a sus subordinados, quedándose con la mayor parte del dinero. En total, el Capitán se apropió de 19 millones 780 mil pesos de los sobornos, mientras que el resto fue repartido entre seis de los 11 funcionarios involucrados. Todos estos funcionarios, incluyendo a Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Endira Xóchitl Palomo Chávez, Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, se encuentran actualmente detenidos.
Torres también ha identificado al Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz como uno de los intermediarios que supuestamente operaban para el Vicealmirante Roberto Farías, sobrino del ex Secretario de la Marina, Rafael Ojeda. La FGR ha emitido una orden de aprehensión contra Solano, quien se encuentra prófugo. Según el testimonio de Torres, Solano se comunicaba con él a través de la aplicación Threema bajo el alias “NK”.
Tras las detenciones, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración con la cero impunidad. “Cuando se encuentra un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es detener a todos los involucrados”, afirmó la mandataria. Por su parte, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que la denuncia inicial provino del propio Almirante Ojeda hace dos años, quien reportó “problemas” en la institución. La red fue desmantelada tras una larga investigación que se originó con el reporte de un buque que llegó a Tampico con una sustancia que no coincidía con los permisos declarados, revelando así el huachicol fiscal, un delito en el que se introduce combustible de manera ilegal al país sin pagar impuestos.
