En respuesta a las crecientes denuncias de abusos de autoridad, extorsiones y cobros irregulares que afectan al sector del autotransporte en Nuevo León, el diputado federal Francisco Javier Borrego Adame presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para abordar esta problemática desde la vía institucional y legislativa.
La propuesta surge tras la documentación y denuncia pública de prácticas irregulares por parte del sector transportista, encabezado por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), en municipios clave como San Pedro Garza García, García y Ciénega de Flores.
Detener la Discrecionalidad y la Anarquía
El exhorto legislativo busca poner fin a prácticas que afectan el libre tránsito y elevan artificialmente los costos logísticos en una de las entidades con mayor relevancia económica para el país. Entre las irregularidades señaladas se encuentran:
- Extorsión por parte de elementos de tránsito.
- Aplicación discrecional de reglamentos viales.
- Uso excesivo e indebido de grúas.
- Anarquía en el manejo de corralones y cobros.
El Punto de Acuerdo solicita la intervención coordinada de los tres niveles de gobierno para establecer soluciones concretas y permanentes:
- Instalación urgente de mesas de trabajo entre los ayuntamientos involucrados, el Gobierno del Estado y los transportistas.
- Supervisión efectiva de grúas y corralones con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través del Sistema de Registro y Seguimiento de Quejas (SIRSE).
- Realización de operativos policiales que se apeguen estrictamente a la ley, con mecanismos claros de denuncia y rendición de cuentas.
Exigencia de Legalidad, No de Privilegios
Al respecto, el diputado federal Francisco Javier Borrego Adame fue enfático: “El autotransporte no pide privilegios ni excepciones; exige que la ley se aplique con legalidad, transparencia y sin abusos.”
Subrayó que la normalización de la discrecionalidad en la aplicación de la ley encarece la logística, vulnera el libre tránsito y afecta directamente a la economía nacional, al destacar que “ordenar grúas, corralones y operativos no es un debate político, sino una obligación de Estado.”
Con la presentación de este Punto de Acuerdo, una problemática de carácter local en Nuevo León se instala en la agenda del debate nacional, abriendo la puerta a soluciones institucionales que buscan la certeza jurídica del sector antes de que el conflicto escale en las carreteras del país.
