En la opinión de… Juan Colorado.
Todo aquel que ha sido víctima del robo de una unidad de transporte, camioneta, camión tractocamión, o tráiler completo, ya sabe de lo que es un aterrador viacrucis, (guardando el debido respeto para aquel que lo padeció hace más de 2 mil años) vivido en las diversas instancias judiciales, de cualquier parte de nuestro país. Pero vamos a poner el asunto en contexto para saber de lo que en estas líneas se comenta.
Empecemos por el principio, el costo de cualquier tipo de equipo de transporte, no vale cacahuates, ni corcholatas, desafortunadamente hace ya algunos años estos vehículos se cotizan en dólares, y en la actualiad con la “Trumpada” que nos dieron los gringos peor la cosa, pero aun así el camionero es un guerrero en toda la extensión de la palabra. No se amilana con facilidad, pero ¡caramba! Cuando le roban un camión, -del tipo que sea- le están robando gran parte de su vida, y en ocasiones la vida misma.
Entonces que hace un transportista al salir a cumplir con su misión, con su trabajo, que es entregar en su destino la carga confiada para tal fin, si en su trayecto no tiene ninguna garantía de poder hacerlo, por tanta delincuencia que trabaja impunemente en todas las rutas de la nación? Para la Seguridad, no ha existido todavía ningún “Acuerdo” gubernamental; como el que suscribieron SEGOB y la SCT, para chicotear a los Hombres Camión y demás transportistas que no llegan a las alturas políticas de los agrupados y cobijados por el poder, para que con dicho “acuerdo” se dejara de hacer ruido contra los fulles.
La inseguridad pues que envuelve al autotransporte resulta muy difícil para que la autoridad le preste la atención e importancia que requiere este importante sector de la economía del país, simple y sencillamente no le importa al obligado que le debería importar, al representante del Estado. Esta ha venido siendo ancestralmente una imperdonable falta al cumplimiento de la Ley que lejos cumplir con inhibir el robo de camiones y sus mercancías, instrumenta una maraña de trámites engorrosos, sin límite de tiempo, para resolver la devolución de los vehículos que de suerte aparecen, (a Dios Gracias) no importando de qué lugar de la república se tenga que desplazar el agraviado por el robo y cuantas veces sea necesario. ¡La burocracia ya ve normal el procedimiento, que lastima con más fuerza al que se tiene que enfrentar con estos monstruos del papeleo.
Con estas acciones de pesados protocolos que exigen las fiscalías a cuyo cargo quedan las Carpetas de Investigación (CDI) que se levantan por cada robo o delito, que convierten en un verdadero viacrucis, te mandan de una instancia para otra, no importando distancias, ni localidades o municipios, además debe el interesado, informar al responsable de los dictámenes periciales, una vez devuelto y entregado el vehículo, exigir la cancelación del robo, ya que de no hacerlo le están devolviendo su unidad con reporte de robo, y eso no se lo dice el servidor público obligado a hacerlo de conocimiento de interesado.
