Como resultado de varios encuentros violentos entre las autoridades del Estado de Guerrero y la organización criminal Guardia Guerrense, y luego de que un autobús de pasajeros y dos tractores fueran quemados en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, es que los transportistas de varios municipios conurbados suspendieron su servicios hasta que las autoridades correspondientes pudieran garantizar su seguridad. 

Aunque la suspensión de actividades se dio sin previo aviso o una autorización oficial, los permisionarios y choferes de la región que decidieron no laborar aseguraron que la situación se ha vuelto insostenible en varias zonas, y aunque saben que afectan muchos usuarios al dejar de prestar sus servicios, pidieron comprensión a la ciudadanía, pues se trata de una medida que beneficia también su seguridad. 

EL ROBO NO BAJA 

Según se advierte en el Índice GLAC– un calculo matemático que utiliza más de 900 indicadores que evalúan el modelo de seguridad con bienestar-, la incidencia del delito de robo en transporte público  a nivel nacional sigue una tendencia a la alza, e incrementó en un 57 % entre 2016 y 2018, siendo Puebla, el Estado de México y Ciudad de México las entidades con más casos, resultando más afectada la población vulnerable, pues la mayoría de los incidentes es cometida con lujo de violencia, lo que provoca una deterioración de la percepción de la seguridad de los habitantes de dichas entidades, que ven comprometido su patrimonio e integridad física. 

El reporte señala que, en 2015, a nivel nacional, hubo una tasa de 9.5 robos en transporte público colectivo por cada 100 mil habitantes, equivalente a 11 mil 420 casos, de los cuales 9 mil 857 (86 por ciento del total) fueron con violencia. Mientras que de enero a septiembre de este año hubieron 14,104 casos de robo, es decir, un 73% más que lo registrado en 2018, por lo que de mantenerse la tendencia, se podría marcar un récord preocupante como sociedad. 

Al respecto, Elías Dip Ramé, presidente de CONATRAM ha dejado clara su postura, al asegurar que las autoridades correspondientes tienen que incrementar su presencia en las carreteras del país, ya que actualmente hay tramos de cientos de kilómetros sin una sola patrulla que vigile, lo cual deja en desamparo a los operadores. 

Actualmente, el robo al transporte de carga deja perdidas anuales que superan los mil 200 millones de pesos, y en la gran mayoría de los casos los más afectados son los pequeños y medianos empresarios del sector, que se ven en la necesidad de pagar grandes cantidades de dinero por el concepto de seguro, modificar sus horarios y rutas de trabajo, e incluso contratar elementos de seguridad privada, lo que sin duda alguna significa un costo operativo mayor al previsto.