Con el firme objetivo de reducir los índices de siniestralidad, proteger la infraestructura pública y agilizar la movilidad urbana en la entidad, el diputado local Avelino Tovar Iglesias presentó una iniciativa de reforma legislativa para regular la circulación de vehículos de carga pesada en el estado de Hidalgo.

La propuesta plantea modificar la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo para adicionar la fracción V Quinquies al artículo séptimo. Esta reforma otorgaría facultades explícitas a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) para diseñar e implementar mecanismos de control específicos, tales como horarios de circulación, rutas preferentes, zonas de restricción y corredores logísticos para tráileres y camiones de gran tonelaje, en estrecha coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales.

El legislador Tovar Iglesias enfatizó que la medida no busca de ninguna manera prohibir la circulación del transporte de mercancías ni frenar la actividad económica del estado, sino transitar hacia un ordenamiento vial basado en criterios técnicos y de interés público.

La exposición de motivos de la iniciativa subraya el acelerado crecimiento urbano y el aumento del flujo comercial, factores que incrementan la tensión entre los vehículos de carga y los usuarios particulares de las vialidades. Para respaldar la urgencia de la reforma, se citaron los siguientes datos:

• Siniestralidad nacional: Según datos del Inegi (2024), más de 26 mil camiones y tractocamiones estuvieron involucrados en accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas del país.
• Factor humano: El Instituto Mexicano del Transporte advierte que más del 90% de los accidentes carreteros donde participan estas unidades están asociados a errores de conducción.
• Daño patrimonial: El tránsito constante de grandes tonelajes provoca un desgaste prematuro en pavimentos, puentes y distribuidores viales, elevando severamente los costos de mantenimiento para los municipios y el estado.

Con esta adición a la ley, se busca que la Semot pueda intervenir en zonas de alta densidad poblacional o comercial, garantizando el derecho de la ciudadanía a una movilidad segura, eficiente y sostenible, sin descuidar el abasto y la logística de las cadenas de suministro.