El pasado 11 de febrero, World Resources Institute, WRI México sostuvo una mesa de trabajo virtual con el Senado de la República y la Cámara de Diputados, para presentar los lineamientos y aspectos claves que garantizaran el correcto desarrollo de la próxima Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de nuestro país.

La Lic. Adriana Lobo, directora Ejecutiva de WRI México indicó que, desde el pasado mes de octubre del 2020, cuando se aprobó el derecho a la movilidad, se abrió una oportunidad para desarrollar un nuevo marco regulatorio, que garantice y vele por la seguridad vial, por ello, presentó un listado de lineamientos que abonan a las necesidades que como organización han podido identificar.

En primer punto, destacó la importancia de garantizar el derecho a la movilidad, en condiciones de equidad e inclusión, mediante servicios de calidad y eficiencia que sean propiamente capacitados en temas de perspectiva de género.

De igual forma,  la titular de WRI México destacó la urgencia de establecer mecanismos que promuevan la planificación de la movilidad local y nacional, así como los métodos de financiamiento que refuercen las líneas existentes y crear políticas públicas que ofrezcan alternativas de financiamiento a los transportistas, dando cuentas claras a través de un ejercicio de transparencia en el gasto público.

“La llegada de una ley de movilidad en México, es un momento muy importante, es nuestra oportunidad de aportar y ayudar a construir una ley práctica, aplicable, viable, que garantice la seguridad vial, la salud y la calidad del servicio. Nos otorga espacios para crear, plantear y regular las necesidades a futuro, estableciendo atribuciones, delimitando los recursos”.

Finalmente, Fernando Páez, director de Movilidad Sustentable de WRI México compartió algunos de los temas de alta importancia que esperan que la próxima Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de nuestro país contemple, como lo es, el registro de matriculas, la definición de requisitos homologados para la expedición de licencias, mediante un registro único de dichos permisos, y la estandarización de criterios de conocimiento y evaluación para la profesionalización del sector.