A partir del 1 de abril, los transportistas que muevan bienes dentro del país deben contar con el Complemento Carta Porte (CCP) versión 3.0 o enfrentar multas y otras sanciones, incluido el decomiso de la carga.
Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este documento ayuda a combatir el contrabando de mercancías ilícitas y fortalece el control sobre el traslado de bienes mediante la factura, introduciendo nuevos mecanismos de control basados en tecnologías de la información.
Venus Padilla Rivera, administradora de gestión de servicios y trámites electrónicos del SAT, explicó que están obligados a emitir el CCP las personas físicas o morales que quieran trasladar bienes o mercancías en el territorio nacional, ya sea por medios propios o en el marco de servicios de transporte.
La obligación también se extiende a quienes transportan hidrocarburos o petrolíferos, medicamentos y bienes importados o exportados.
Los vehículos terrestres afectados incluyen camiones unitarios (de 8 a 10 llantas), camiones remolque (de 14 a 22 llantas), tractocamiones articulados (de 10 a 22 llantas) y tractocamiones semirremolque (de 18 a 30 llantas).
Los tipos de servicio que deben emitir CCP incluyen mensajería y paquetería, traslado de fondos y valores, servicios de grúas, fletamento, transporte marítimo en modalidad ferri y carga consolidada, entre otros.
Existen dos tipos de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con CCP que pueden emitir los contribuyentes: de tipo ingreso y de tipo traslado.
El CFDI con Complemento Carta Porte de tipo ingreso debe ser emitido por personas o empresas que brinden servicios de transporte y reciban ingresos por esta actividad, utilizando medios de transporte propios o arrendados.
El CFDI con Complemento de tipo traslado debe ser emitido por personas o empresas propietarias de los bienes trasladados y/o los medios utilizados para el transporte, sin recibir ingresos por ello.
La falta de emisión correcta del CFDI con Complemento Carta Porte 3.0 puede resultar en multas de 700 a 112,650 pesos por omisión, dependiendo de si es la primera vez o si hay reincidencia, además de multas de 400 a 600 pesos por llenado incorrecto de la factura. Además, el establecimiento puede ser clausurado preventivamente por un período de 3 a 15 días.
